Lo
que se está haciendo en Italia y en Grecia es un atentado contra la democracia.
El principal compromiso que tiene un Estado democrático
con la ciudadanía es que sus representantes sean elegidos democráticamente en
las urnas.
Lo que nos hace verdaderamente iguales es el voto. Tanto
el poderoso como el débil tienen una única papeleta en democracia para depositar
en la urna. Para optar, para decidir sobre su futuro. Para elegir a sus representantes.
Es una acción entre iguales.
Nada ni nadie puede ni debe, en un Estado democrático,
imponer o imponerse a la representación popular sin haber pasado por las urnas.
No existe hecho que lo justifique. No
hay excepción ni fuerza mayor. Menos aún por una decisión de mercado.
No es excusa, por tanto, la situación económica y
financiera para que en Grecia e Italia se secuestre la soberanía popular
nombrando primeros ministros sin someterse al sufragio ciudadano. No es válido
el argumento de que son nombrados por consenso entre las fuerzas
parlamentarias. Es falso el posible argumento del interés general para visar
tal proceder. El auténtico interés por el interés general en una situación de
alarma económico- social sería subordinar al interés general toda la riqueza del
país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad.
Estamos asistiendo a una sucesión de actuaciones
contrarias a los más elementales y primigenios principios democráticos.
Volvemos al despotismo ilustrado, llamado “benevolente”, del siglo XVIII. Aquel “todo para el pueblo
pero sin el pueblo” que disfrazaba de salvación y de guía las “almas” del
pueblo descarriado. Nadie posee la exclusiva de la RAZÓN, y menos aún los
trileros de la mercadocracia.
Cómo podemos consentir que los que nos han metido en ésta
pretendan vendernos la salida. ¿Se la vamos a comprar? ¿A crédito, o al
contado?
