Hace mucho tiempo que mucha gente, personas, familias
enteras se quedaron sin un derecho constitucional reconocido y un derecho,
sobre todo, de justicia natural. Ha hecho falta, ¡otra vez!, que una parte de
esa gente, algunas de esas personas, en su infinita tristeza y desesperación se
hayan quitado la vida para que se vislumbre un atisbo leve de reacción ante los
desahucios desalmados y rastreros que aplican a diario los mismos señores de
chistera y puro que, unos años atrás, nos colmaban de monedas y bienaventuras.
Esos que nos animaban, con sonrisas amarillas, a obtener un derecho
constitucionalmente reconocido y, sobretodo, de justicia natural: un lugar
donde vivir, una vivienda digna.
Mucho me temo que la reacción (¡siempre andamos reaccionando!,
¿no aprendimos la palabra proacción?) política no va a suponer más que una
tirita en la herida profunda. Mucho me temo que esa tirita tamizará el interés
informativo de la opinión publicada sobre los dramas venideros. Tampoco creo en
el anuncio oportunista de la AEB (Asociación Española de la Banca) de paralizar
las ejecuciones sumarias (hipotecarias dicen ellos) por un periodo de dos años
en casos extremos de tanta gente indefensa. ¿No es extremo el caso de quedarte sin lugar
donde vivir?¿Cuánta cicuta concentrada habrá en la letra pequeña de ese anuncio?
¿Cuánto interés, cuántas clausulas suelo para volver a engañar? Hay cuestiones
que, por tarde, nacen obsoletas, injustas, insuficientes…
No les creo. ¿Por qué habría de creerles ahora? Estamos
viendo que la muerte tiene un precio. ¿Cuánto valdrá la vida?
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